En años recientes, la problemática de la vivienda deshabitada en el Estado de Jalisco ha tomado una mayor visibilidad tanto de manera académica como mediática, lo que ha permitido conocer su magnitud y complejidad. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, Jalisco es uno de los tres estados con mayor concentración de vivienda particular deshabitada, concentrando 451,590 viviendas (INEGI,2020). Sin embargo, el fenómeno presenta particularidades en cada uno de sus municipios, lo que representa un importante reto para su adecuada atención.
Un ejemplo de ello es la investigación realizada por Luis Fernando González y Edith Rosario Jiménez (2018), en la cual han demostrado que la deshabitación se encuentra de manera dispersa en el Área Metropolitana de Guadalajara y que presenta distintas características. Mientras que en municipios como Guadalajara y Zapopan se focaliza en las colonias de tipo popular, mayormente por los altos costos impuestos por el mercado, en Tlajomulco de Zúñiga, El Salto e Ixtlahuacán de los Membrillos, la concentración de vivienda deshabitada se da en los fraccionamientos de interés social y en respuesta a la insuficiencia de bienes y servicios.
Específicamente hablando de los fraccionamientos de interés social, estos han sido producto de una política de vivienda federal impulsada a inicios de la primera década de los años 2000, misma que ha estimulado la producción de viviendas en suelo barato, con financiamiento y subsidio gubernamental (Ziccardi, 2012) sin controles sobre la calidad de la vivienda o sobre las condiciones de habitabilidad. Esta política enfocada exclusivamente en la consecución de metas cuantitativas, ha conllevado a la paulatina deshabitación del parque habitacional en diversos municipios de todo el país. Si bien el objetivo de este texto no es profundizar en las causas de la deshabitación, dado que estas han sido ampliamente estudiadas, resulta pertinente abordar las repercusiones que ha tenido el problema sobre el territorio y especialmente la población, las cuales han sido poco documentadas o abordadas.
Mediante una investigación de tipo empírica en Tlajomulco de Zúñiga, municipio que concentra la mayor cantidad de viviendas particulares deshabitadas con más de 77,000 unidades y por ende, la subutilización del 26.08% de su parque habitacional (INEGI, 2020), se han podido constatar una serie de repercusiones socioterritoriales que complejizan la acción gubernamental. Una de las principales es la inseguridad que se encuentra ligada a la rápida aparición y multiplicación de viviendas deshabitadas que ocasiona no solo una atmósfera generalizada de desorganización sino la aparición de conductas antisociales y el debilitamiento del tejido social. Por otra parte, la ocupación irregular de viviendas, es otra repercusión que se relaciona a una práctica social habitual en los fraccionamientos, que provoca malestar y desconfianza entre los habitantes por la llegada y partida violenta e intermitente de personas de las cuales se desconoce su modo de vida. Asimismo, existen serias dificultades en materia de salubridad ya que al no existir servicios de recolección y manejo de residuos de manera continua, las viviendas suelen ser utilizadas como tiraderos a cielo abierto que rápidamente se pueden convertir en focos de propagación de enfermedades.
La deshabitación también ha contribuido a la acelerada degradación del entorno por la transformación radical del paisaje que ha llevado no solo a la desvalorización del patrimonio sino también a convertir los fraccionamientos en sitios desolados e intimidantes en donde el descuido y la desatención generalizada al entorno inmediato genera pesimismo y desesperanza entre los habitantes. A la par, han surgido procesos de estigmatización territorial que asocia atributos y modos de vida negativos a personas que habitan zonas donde existe una importante presencia de vivienda deshabitada dado que se les percibe como personas que realizan actividades delictivas o porque albergan y amparan a grupos delictivos. Por último, es importante señalar que la problemática también ha incidido en el debilitamiento de los ya escasos procesos de cohesión que existían entre la comunidad. Mientras que la vivienda deshabitada supone para algunas comunidades un motivo para organizarse e implementar acciones de vigilancia y prevención, en otras ocasiones estimulan el aislamiento de las personas.
El problema de la vivienda deshabitada ha orillado a los gobiernos locales a tomar acción por ser el nivel más próximo a la ciudadanía, a pesar de que estos se caracterizan por la obsolescencia de su estructura, la carencia de suficiente representatividad, la poca eficiencia en la respuesta a las demandas ciudadanas y la insuficiencia de recursos para dar continuidad a proyectos de largo plazo. No obstante, es indispensable que las acciones no se diseñen de manera unidireccional sino que se busque el involucramiento de los diversos actores en materia urbana, para que se puedan comenzar a discutir y explorar otro tipo de mecanismos, incentivos y normativas que permitan desacelerar el problema y poner en uso las viviendas deshabitadas para la población que más las necesita.
Bibliografía
- González Contreras, L. F., & Jiménez Huerta, E. R. (2018). La distribución de las viviendas deshabitadas en el Área Metropolitana de Guadalajara a partir del análisis territorial de los diferentes tipos de poblamiento. En M. L. García Yerena, & C. E. Gómez Gómez, Exploraciones y aproximaciones metodológicas para el estudio de la ciudad (págs. 13-38). Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
- INEGI. (2010). Censo de Población y Vivienda 2010.
- Ziccardi, A. (2012). Espacio público y participación ciudadana. El caso del Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial de la Ciudad de México. Gestión y Política Pública, 187-226.
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